Gobernación de Santa Cruz desembolsa fondos para prediarios de centros
La Defensoría del Pueblo confirmó que la Gobernación de Santa Cruz realizó el desembolso del pago de prediarios destinado a cubrir las necesidades alimentarias de los centros penitenciarios del departamento.
Esta acción beneficia directamente a más de 11 mil privados de libertad, poniendo fin a días de incertidumbre y manifestaciones en los recintos de Palmasola y el Centro de Readaptación Productiva (CERPROM).
La Delegada Defensorial Departamental, Sheila Gómez Santivañez, destacó que esta población, al encontrarse en situación de vulnerabilidad, requiere atención prioritaria en temas básicos como la alimentación. “Hemos realizado contactos con el Secretario de Hacienda y otras autoridades departamentales para garantizar que se efectúe este pago. Afortunadamente, hoy podemos informar que el desembolso ya es una realidad”, sostuvo.
El monto desembolsado corresponde al mes de octubre y asegura la provisión de alimentos en los centros de privación de libertad del departamento, aunque aún queda pendiente la deuda del mes de noviembre.
Ante esto, la Defensoría del Pueblo continuará realizando un seguimiento riguroso para que se cumpla con los pagos de manera oportuna y no se repitan interrupciones en este servicio esencial. “Sabemos que la falta de pago generó preocupación y movilizaciones dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, con esta medida se palia la necesidad inmediata, y esperamos que las autoridades departamentales cumplan con lo adeudado para garantizar los derechos fundamentales de esta población”, añadió Gómez.
La información ya fue compartida con el Director Departamental de Régimen Penitenciario, quien se encargará de transmitirla a los internos y al personal encargado de los recintos.
La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de velar por los derechos humanos de los privados de libertad, garantizando su acceso a condiciones dignas mientras cumplen sus sentencias.
Este logro refleja la importancia de la coordinación entre instituciones y la voluntad política para atender las demandas de los sectores más vulnerables.
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