El Ministerio Público, representado por el fiscal general Roger Mariaca, ha solicitado formalmente seis meses de detención preventiva en una cárcel pública para el expresidente Evo Morales, quien enfrenta acusaciones relacionadas con trata y tráfico de personas.

Este lunes se presentó la imputación formal ante las autoridades judiciales, en un caso que ha despertado amplio interés público “Se está solicitando la detención preventiva por seis meses en una cárcel pública”, declaró Mariaca en Sucre, agregando que se espera la programación de la audiencia de medidas cautelares para determinar el curso del proceso.

Además, el fiscal confirmó que se han activado mecanismos legales, como una orden de aprehensión y alerta migratoria, para garantizar que el exmandatario no abandone el país

La imputación formal fue presentada por la Fiscalía Departamental de Tarija, que también explicó las dificultades para ejecutar la orden de aprehensión emitida en octubre de este año.

La fiscal Sandra Gutiérrez señaló que el intento de aprehender a Morales no se concretó debido a riesgos para la seguridad de los agentes y civiles en la zona donde se encontraba. “Ese mandamiento de aprehensión no ha podido ser efectivizado porque existía riesgo para la vida de los policías y personas particulares”, explicó Gutiérrez en entrevista con medios locales.

Por otro lado, Mariaca afirmó que la ejecución de la orden está en manos de la Policía Boliviana, la cual brindará un informe oficial sobre las acciones realizadas.

Mientras tanto, la defensa legal de Morales, encabezada por su abogado Wilfredo Chávez, aseguró no haber recibido notificación formal de la imputación. “Lo único que sé es que no fue notificado, y la Fiscalía admite que supuestamente los bloqueos impidieron la notificación, lo cual ya no tiene sentido porque estos cesaron hace más de un mes”, declaró Chávez a la prensa.

El también abogado Nelson Cox respaldó estas declaraciones, calificando la situación como irregular y afirmando que el caso tiene tintes políticos.

Cox destacó que los representantes legales de Morales debieron ser informados antes de que los detalles llegaran a los medios de comunicación

Este caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política en Bolivia, generando un debate entre quienes consideran que las acusaciones son parte de una estrategia de persecución política y quienes creen en la necesidad de que se haga justicia sin importar el rol público del acusado.