Omar Rivera, Presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), ha expresado su firme descontento con la administración municipal de Santa Cruz en relación a la movilidad y el transporte. En una entrevista, Rivera destacó que la ciudad sufre de caos y desorden en este aspecto debido a la mala gestión del Gobierno municipal, que parece priorizar intereses políticos y personales en lugar del bienestar de la ciudadanía.

Rivera apoyó a los transportistas en su demanda por un transporte más eficiente y accesible para los ciudadanos. Criticó la falta de control social en la reglamentación de transporte y cuestionó la desaparición de la Secretaría de Movilidad Urbana. Se preguntó por qué el alcalde se enfoca en cobrar multas en lugar de mejorar el sistema de transporte y por qué intenta eliminar el servicio de transporte tradicional, lo que resultaría en aumentos de tarifas de hasta el 400%.

El presidente de Fejuve también instó al alcalde a reordenar la ciudad y modernizar el sistema de transporte en colaboración con todas las partes interesadas, incluidas las federaciones, sindicatos, choferes y usuarios. Rivera destacó que una solución dictatorial no tendrá éxito y que la consulta y el consenso son esenciales para lograr una transformación positiva en el transporte.

En cuanto al estado de los microbuses, Rivera señaló que alrededor del 35% no se encuentra en buenas condiciones y el 32% no paga impuestos en el municipio. Expresó la necesidad de modernizar el sistema de transporte y eliminar vehículos que no cumplen con los estándares requeridos.

En cuanto a la falta de infraestructuras para refugio peatonal y señalización en las rutas, Rivera señaló que el municipio debe ordenar estas cuestiones de manera equitativa, considerando tanto a los transportistas como a los usuarios. También subrayó la necesidad de capacitar a los choferes, proporcionarles seguro social y uniformes.

Finalmente, Rivera manifestó su apoyo a la idea de reordenamiento urbano, pero enfatizó que debe ser modificada y consensuada con todos los sectores sociales involucrados, para asegurar que sea beneficiosa para la población en su conjunto.