El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que las personas que no pudieron emitir su voto en las recientes elecciones nacionales tienen un plazo de 20 días, del 16 de diciembre al 14 de enero de 2025, para tramitar su certificado de impedimento.

Este documento es necesario para justificar la ausencia, evitar una multa de Bs 500 y acceder a servicios bancarios durante los 90 días posteriores a los comicios.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que quienes no votaron por razones de fuerza mayor, como problemas de salud o viajes, deberán presentarse en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de su región con los documentos requeridos: cédula de identidad, fotocopia y una carta dirigida al presidente del TSE con la referencia “Solicitud de certificado de exención”.

En el caso de estar fuera del país o de su región, se deberán adjuntar pruebas originales, como boletos de viaje o certificados que respalden la imposibilidad de sufragar.“El certificado de sufragio es obligatorio para realizar trámites bancarios y otros servicios esenciales. Por eso, quienes no pudieron votar deben regularizar su situación dentro del plazo establecido”, señaló Hassenteufel.

Durante la jornada electoral, se reportaron largas filas en varios centros de votación debido a los ciudadanos que buscaban resolver situaciones de último momento.

A pesar de los esfuerzos logísticos, muchos no lograron emitir su voto, lo que llevó a la apertura de este proceso para justificar la inasistencia.

El TSE recordó que la multa de Bs 500 será aplicada a quienes no presenten el certificado de impedimento o no hayan emitido su voto.

Esta sanción busca garantizar la participación ciudadana y fortalecer la democracia en el país.

Además, el órgano electoral destacó que los certificados de impedimento serán procesados únicamente durante el plazo establecido.

Después del 14 de enero de 2025, quienes no hayan regularizado su situación enfrentarán restricciones para realizar trámites en entidades bancarias y públicas.

Con esta medida, el TSE busca ofrecer una alternativa a quienes, por causas justificadas, no pudieron participar en las elecciones, asegurando al mismo tiempo la obligatoriedad del sufragio como un deber ciudadano.