En medio de las controversias sobre la situación judicial en el país, el Senador William Torrez se pronunció sobre el tema de los magistrados prorrogados que continúan ejerciendo funciones, a pesar de la posesión de nuevos vocales. Torrez destacó la importancia de abordar este asunto desde la obediencia constitucional y no como un capricho personal.

El Senador señaló que la declaración constitucional 049, mediante la cual se autoprorrogan, está condicionada a la aprobación de un proyecto de ley, la 144, que debe ser tratado y aprobado o rechazado. Enfatizó que la pretensión de designar autoridades sin cumplir con este requisito es contrario a la Constitución, y aquellos que lo intenten enfrentarán consecuencias legales.

Torrez recordó el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe arrogarse autoridad y tomar decisiones para las cuales no están habilitados. Además, mencionó que ya hay denuncias aceptadas por la Fiscalía General del Estado contra los magistrados, lo que indica que no están protegidos por la ley.

El Senador advirtió que la prolongación ilegal de funciones podría llevar a designaciones ilegales de autoridades, lo cual debilitaría la institucionalidad de la Administración de Justicia. Ante la pregunta sobre posibles delitos cometidos, Torrez afirmó que ya se han cometido delitos de acción pública, como la prolongación de funciones, designaciones ilegales y resoluciones contrarias a la Constitución. Instó a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio, ya que se trata de delitos de acción pública.

Sobre las renuncias de dos vocales del Tribunal Agroambiental, el Senador consideró que es un reconocimiento de las posibles consecuencias de la prolongación del mandato. Afirmó que estas renuncias podrían generar otras, ya que la población no tolerará acciones inconstitucionales.

Finalmente, al ser consultado sobre un tema jurídico-político en Santa Cruz, el Senador Torrez expresó su opinión sobre San Francisco, sin proporcionar detalles específicos sobre ese asunto.