El reciente anuncio del presidente Lucho Arce sobre la militarización de todas las fronteras con el objetivo de combatir el contrabando ha generado un amplio debate en Bolivia.

El diputado opositor critica la medida, señalando que el presidente parece desconectado de la realidad que enfrenta el pueblo boliviano.

Según el legislador, la simple militarización y la emisión de decretos no son suficientes para abordar los profundos problemas económicos que afectan a la población, especialmente en un contexto de alta inflación y precariedad de la canasta familiar.

La situación de contrabando en Bolivia no es nueva y ha perjudicado gravemente a quienes se dedican al comercio.

El diputado argumenta que las políticas del gobierno, que parecen favorecer a los grandes empresarios, están agravando la crisis.

La libre exportación, impulsada por el mismo Estado, ha permitido que productos de calidad inferior, como la carne, lleguen al país a precios elevados, dejando de lado las necesidades de los bolivianos.

Este enfoque, dice, resulta en una brecha creciente entre ricos y pobres, donde los empresarios se benefician a expensas de la población.

Además, se ha programado una reunión del gabinete social, donde se abordarán temas económicos y sociales críticos.

Sin embargo, el diputado cuestiona la efectividad de tales encuentros, argumentando que las autoridades deberían convocar a actores productivos reales y representantes de sectores afectados por la crisis, como agricultores y mineros, en lugar de reunirse con dirigentes que no reflejan las preocupaciones de la población.

A su juicio, estas reuniones son tardías y no solucionan los problemas subyacentes que enfrenta el país.

El diputado concluye que la actual administración debe asumir la responsabilidad de su mala gestión y cambiar a ministros que no han podido ofrecer soluciones viables.

En lugar de continuar con reuniones que parecen ser meras formalidades, se necesita un enfoque más integral y efectivo que realmente aborde las necesidades del pueblo boliviano.