Ruby Johnson, una mujer de 78 años, recibe indemnización tras operativo policial equivocado impulsado por la aplicación Find My de Apple.

La justicia de Denver dictaminó que Ruby Johnson, residente de 78 años en el vecindario de Montbello, sea compensada con USD 3.76 millones de dólares. Este fallo se produce después de que su hogar fuera objeto de una redada incorrecta llevada a cabo por el equipo SWAT de la policía. La acción, que tuvo lugar el 4 de enero de 2022, se basó en datos erróneos proporcionados por la aplicación Find My de Apple.

La redada, concebida bajo la falsa creencia de seguir la pista de un camión robado, armas de fuego y un iPhone, careció de la debida causa probable. Este error llevó a Johnson, jubilada del Servicio Postal de Estados Unidos y abuela, a experimentar momentos de angustia al encontrarse solo con una bata de baño ante la presencia intimidante del equipo SWAT en su propiedad. La aplicación Find My, criticada por su falta de precisión al proporcionar solo una ubicación aproximada, no fue debidamente considerada por el detective Gary Staab al obtener la orden de registro.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado (ACLU) subrayó que la Constitución de Colorado exige que las órdenes de registro estén respaldadas por una causa probable sustentada por una declaración jurada escrita, destacando la importancia de proteger la privacidad y los derechos individuales frente a acciones policiales arbitrarias.

El jurado, al otorgar la compensación, desglosó los daños en USD 1.26 millones en daños compensatorios y USD 2.5 millones en daños punitivos, siendo Denver la entidad responsable de efectuar el pago. Además, se estableció que Staab y el sargento Gregory Buschy podrían tener que contribuir con hasta USD 25,000 si se demuestra que actuaron de mala fe en una demanda separada.

A pesar de una revisión interna por parte del departamento policial, los oficiales implicados no enfrentaron ninguna disciplina formal y continúan en sus puestos, lo que genera un debate sobre la rendición de cuentas y las prácticas internas de revisión en las fuerzas policiales.

La demanda, respaldada por la ACLU, fue posible gracias a un reciente cambio legislativo que permite a las personas demandar a oficiales de policía por violaciones de los derechos constitucionales estatales, brindando una vía legal más accesible para las víctimas de mala conducta policial. Antes de esta ley, las víctimas tenían que recurrir a tribunales federales, donde la inmunidad cualificada a menudo protegía a los funcionarios, incluidos los policías, de demandas por acciones realizadas en el curso de sus funciones.