La disputa interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) ha escalado al ámbito jurídico. Una jueza de Cochabamba ordenó al Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a una sesión en un plazo de 72 horas para validar los proyectos de ley aprobados en una sesión dirigida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La jueza Silvia Zurita resolvió: "Se ordena el cese de los actos de hostigamiento, búsqueda o persecución sin causa jurídica alguna en contra de Andrónico Rodríguez, por parte de cualquier actor político del país; a su vez, se ordena al Vicepresidente del Estado y Presidente de la ALP, convoque en el plazo máximo de 72 horas a sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas".

El sector evista del MAS exige el reconocimiento de las leyes aprobadas en la sesión legislativa del 6 de junio, incluyendo la cesación de los mandatos de los magistrados del órgano Judicial y la aprobación de un crédito externo para la construcción de una carretera. Sin embargo, ni el Ejecutivo ha promulgado estas leyes en el plazo de 10 días estipulado, ni el Vicepresidente, en su rol de Presidente Nato de la Asamblea, las ha refrendado. Esta inacción se debe a que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo mandato está en cuestión desde diciembre de 2023, declararon nulos los actos de Rodríguez, invalidando así las leyes sancionadas en dicha sesión.

La jueza intenta revertir esta decisión del Tribunal Constitucional tras la solicitud de la senadora evista Lucy Sara Escobar, quien presentó un recurso judicial conocido como Acción de Libertad. Bolivia se encuentra en una situación de confrontación entre poderes del Estado en medio de la pugna política dentro del MAS, lo cual pone en riesgo la gobernabilidad de Luis Arce. El Ejecutivo no reconoce a la Asamblea, ahora controlada por el sector evista, y la Asamblea no acata las decisiones del Tribunal Constitucional.