La controversia en torno al referéndum propuesto por el presidente Luis Arce sigue intensificándose.

La diputada del MAS-IPSP, Gladys Quispe, ha expresado su firme oposición a las preguntas remitidas para consulta popular, argumentando que tres de las cuatro propuestas son inconstitucionales.

Quispe sostiene que estas preguntas violan la Constitución Política del Estado y deberían ser sometidas a una Asamblea Constituyente para su debida modificación.

Según ella, el gobierno ha eludido el proceso legislativo adecuado, enviando directamente las preguntas al órgano electoral, lo que, en su opinión, es una maniobra para evitar la revisión crítica y la intervención del Legislativo.

Quispe también critica al órgano electoral, acusándolo de actuar de manera parcial al remitir las preguntas al Tribunal Constitucional para su validación.

La diputada afirma que esta acción busca “lavarse las manos” ante una posible inconstitucionalidad, y advierte que este proceder puede acarrear responsabilidades para los actuales funcionarios por aprobar cuestiones que transgreden la normativa vigente.

Quispe denuncia que el gobierno de Luis Arce, en su desesperación por consolidar su posición política, está ignorando las necesidades urgentes del país y priorizando intereses personales sobre el bienestar general.

En contraste, el diputado Rolando Cuéllar defiende el proceso de referéndum como un acto de consulta democrática directa con el pueblo boliviano.

Cuéllar argumenta que las cuatro preguntas presentadas son una oportunidad para que los ciudadanos se pronuncien sobre temas cruciales como la subvención de combustible y la reelección indefinida.

Según Cuéllar, el presidente Arce está siguiendo un procedimiento democrático al permitir que el pueblo exprese su opinión sobre estas cuestiones importantes.

El diputado acusa a los opositores de intentar confundir a la población y de mostrar un temor infundado al proceso, que considera un reflejo de las tensiones políticas actuales.

Cuéllar también aborda las preocupaciones sobre la representación parlamentaria, sugiriendo que las preguntas sobre los escaños y la redistribución podrían beneficiar la representación equitativa en los departamentos según el resultado del censo.

El diputado rechaza las críticas de la oposición, que argumenta que el referéndum podría llevar a modificaciones inconstitucionales.

En cambio, defiende la integridad del proceso, destacando que la consulta es una forma legítima de involucrar al pueblo en decisiones clave.

El debate revela una profunda división política en Bolivia, con acusaciones de inconstitucionalidad y temores sobre el impacto de las reformas propuestas.

Mientras Quispe y otros críticos alertan sobre posibles violaciones constitucionales y eludir el proceso legislativo, Cuéllar y sus aliados promueven el referéndum como una oportunidad para fortalecer la democracia y permitir a los ciudadanos influir directamente en las políticas del país.

Ambos puntos de vista reflejan las tensiones políticas que marcan el panorama en Bolivia, con un referéndum que se presenta como un punto crucial para el futuro político del país.

La resolución de este conflicto dependerá de las decisiones del Tribunal Constitucional y la respuesta del pueblo boliviano a las preguntas planteadas.

La situación pone de relieve las complejidades de la gobernanza en Bolivia y el desafío de equilibrar la consulta democrática con el respeto a la Constitución y las normas legales vigentes.