El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia tomó una decisión sin precedentes al admitir un recurso presentado por legisladores afines al presidente Luis Arce Catacora, anulando así las recientes decisiones del Senado. Además, se ordenó la suspensión de las competencias legislativas del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y de toda su directiva hasta que se resuelva el fondo de este recurso.

La medida fue adoptada en medio de un clima político tenso y poco antes de que finalice el mandato legal de seis años del TCP. La resolución del tribunal implica la nulidad de todos los actos o disposiciones realizadas durante el "receso" del Senado, un periodo desconocido por dos tercios de los legisladores.

La suspensión afecta al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y a los miembros de la directiva, generando preocupaciones sobre la estabilidad institucional del país. Rodríguez y su directiva quedan inhabilitados para cualquier actuación desde el momento de la notificación con el Auto Constitucional.

El conflicto se originó por la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de instruir un receso parlamentario, ignorando la decisión del pleno de la Asamblea de no aplicar dicho repliegue y designar en su lugar una comisión legislativa. Esta situación llevó a una serie de eventos, incluida la aprobación de una ley para la aplicación de manillas electrónicas a los detenidos preventivos, que posteriormente fue desconocida por el propio gobierno.

La decisión del TCP ha generado críticas y preocupaciones sobre la independencia de poderes y la institucionalidad democrática en Bolivia. La oposición y algunos sectores de la sociedad han llamado a la unidad para restaurar la institucionalidad y superar la crisis constitucional.