El analista internacionalista, Francisco Solares, sostiene que Bolivia ha cometido un gravísimo error al posicionarse a favor de Hamas, un grupo que figura en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Esta decisión no solo pone en tela de juicio la postura de la Cancillería boliviana, sino también la del Estado boliviano en su conjunto.

Solares señala que al alinearse con un grupo terrorista como Hamas, Bolivia se encuentra en conflicto con el derecho internacional, ya que Hamas ha violado dicho marco legal en repetidas ocasiones, incluyendo incursiones en territorio israelí. Además, el analista resalta las numerosas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que Hamas ha cometido en el pasado.

El analista internacionalista también advierte que esta decisión coloca a Bolivia en una posición de apoyo al terrorismo internacional, lo cual puede tener repercusiones significativas en su imagen a nivel global. Además, Bolivia se enfrenta a críticas por no garantizar la seguridad de los ciudadanos judíos que residen en su territorio.

Solares no pasa por alto el hecho de que esta medida fortalece los lazos de Bolivia con países que han sido acusados de violar los derechos humanos, como Irán. Esto, según el analista, contribuye a la percepción de que Bolivia está alineándose con un eje del mal internacional del terrorismo.

Además de la ruptura de relaciones, el gobierno boliviano ha anunciado su intención de enviar ayuda humanitaria a Palestina. Solares considera esta decisión absurda y contradictoria, dado que se ha reportado que alimentos no están siendo permitidos ingresar a la zona. El analista argumenta que Bolivia enfrenta problemas urgentes, como la falta de acceso a alimentos y la desnutrición infantil, que requieren atención prioritaria en el país.

El rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, además de la controversia que ha generado, podría tener repercusiones en la relación con ciudadanos israelíes y en la percepción de Bolivia a nivel internacional. La decisión del gobierno boliviano ha desatado un debate sobre su impacto en la política exterior del país y en su imagen en la comunidad internacional.